Fondos que cruzan la frontera con el cumplimiento resuelto en los dos lados

Significa que puede acreditar documentalmente tres cosas: quién la gobierna y con qué facultades, cómo controla y rinde cuentas de sus fondos, y qué sistema tiene para prevenir que esos fondos se desvíen. No es una calificación oficial ni un certificado que alguien emita: es la capacidad de responder un cuestionario de verificación sin dejar espacios en blanco.

Es necesario, pero cubre una sola de las nueve dimensiones que revisa un financiador. La inscripción acredita su condición ante el Estado peruano; no dice nada sobre su sistema de prevención de lavado de activos, su situación tributaria, su gobernanza interna ni sus protocolos de salvaguarda. Lo habitual es que la inscripción esté en orden y el expediente se detenga en otro punto.

Puede serlo. La Ley N.º 27693 y sus normas modificatorias y reglamentarias alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro que recaudan, transfieren y desembolsan fondos. Determinar si su organización está dentro del alcance y con qué obligaciones concretas es parte del diagnóstico, y es una de las verificaciones que un financiador suizo hace de forma temprana.

Depende del alcance de las obligaciones que le resulten aplicables y del tamaño de la operación. La designación es un requisito distinto de la exclusividad, y confundirlos lleva a dos errores opuestos: sobredimensionar el cargo en una organización pequeña o dejarlo nominal en una que ya no puede permitírselo. El diagnóstico determina cuál es su caso.

El plazo depende del estado de su documentación al iniciar. Al cierre recibe un informe con la calificación de las nueve dimensiones, un plan de remediación que ordena qué resolver primero y por qué, y la posibilidad de revalidar anualmente para mostrar la evolución al financiador. Nuestros honorarios no se calculan como porcentaje de los fondos que la organización obtenga.

No hay una respuesta única: depende de si va a ejecutar directamente o a financiar a una contraparte local, del plazo previsto, del personal que traslade y del tratamiento tributario que busque. Analizamos las opciones frente a su plan de operación y le indicamos qué implica cada una en registro, contabilidad y obligaciones periódicas.

Es la verificación que con más frecuencia se omite y la que puede detener un proyecto ya comprometido. La respuesta corresponde al derecho suizo y la da nuestro socio en Suiza, que revisa el objeto estatutario, el alcance de la supervisión aplicable y el tratamiento fiscal cantonal antes de que usted asuma obligaciones en el Perú.

Con el mismo protocolo de nueve dimensiones que aplicamos en la Ruta A, esta vez desde su lado de la mesa: personería y gobernanza, situación financiera, sistema PLAFT, situación ante la APCI, tributaria, laboral, protección de datos, salvaguarda de beneficiarios y reputacional. Recibe un informe con la calificación de cada dimensión y las condiciones que convendría incorporar al convenio.

La ley, de abril de 2025, reforzó la supervisión, la transparencia y el control de los recursos de cooperación técnica internacional no reembolsable, y el Decreto Supremo N.º 032-2025-RE, de septiembre de 2025, aprobó su reglamento. En términos prácticos, el estándar de documentación y de reporte exigible hoy es más alto que el vigente cuando muchos convenios en curso se firmaron.

Cada abogado responde exclusivamente por su jurisdicción. El derecho peruano —regulación financiera, prevención de LA/FT, APCI, tributario y laboral— lo lleva Victor Ventura. El derecho suizo —fundaciones y asociaciones, supervisión aplicable y tratamiento fiscal cantonal— lo lleva Daniel Portugal Geiser. Ninguno emite opinión sobre el derecho del otro país, y eso es lo que hace utilizable el análisis en ambos lados.